Con la llegada de la temporada de impuestos, muchos propietarios empiezan a recibir sus facturas del impuesto predial. Este tributo, obligatorio para quienes poseen bienes inmuebles en Colombia, genera preocupación cuando su valor se incrementa más de lo esperado. Por eso, es clave conocer los límites legales establecidos para su aumento.
¿Qué es el impuesto predial
El impuesto predial es un tributo que se calcula con base en el avalúo catastral del inmueble. Cada municipio define las tarifas y condiciones a través de su estatuto tributario local. Sin embargo, a nivel nacional, existe una regulación que establece cuánto puede incrementarse este impuesto año tras año.
¿Cuáles son los topes máximos de aumento?
La Ley 1995 de 2019 establece claramente los límites que deben respetarse al calcular el aumento del impuesto predial. Estos topes varían dependiendo de la situación del predio:
Predios con actualización catastral reciente:
El incremento no puede superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior más 8 puntos porcentuales.
Por ejemplo, si el IPC de 2024 fue del 5,2 %, el aumento máximo permitido en 2025 sería del 13,2 %.
Predios sin actualización catastral:
El impuesto no puede subir más del 50 % del valor pagado el año anterior.
Si el contribuyente pagó $100.000 en 2024, en 2025 no puede pagar más de $150.000.
Viviendas de estratos 1 y 2 con avalúo catastral hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV):
El aumento está limitado al 100 % del IPC del año anterior.
En este caso, el tope para 2025 sería del 5,2 %.
¿Qué hacer si el cobro no corresponde?
Si recibe una factura con un valor superior al permitido, tiene derecho a presentar una reclamación. Según las normas vigentes, el contribuyente puede radicar un derecho de petición ante la entidad catastral de su municipio —en la mayoría de los casos, la Unidad Administrativa Especial de Catastro (UAEC)— explicando su inconformidad y aportando los soportes necesarios.
Además, si necesita ayuda, puede acudir a las casas de justicia o a los consultorios jurídicos de universidades, donde ofrecen asesoría gratuita sobre este tipo de trámites.
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